Resumen: Delito de agresión sexual. Se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia por falta de prueba. Alcance del control casacional cuando la sentencia recurrida es una sentencia dictada en apelación por los Tribunales Superiores de Justicia. La misión de la Sala casacional frente a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que resuelven recursos de apelación es verificar un control limitado a la corrección de la motivación utilizada en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia para rechazar la violación denunciada en la segunda instancia. Prueba concluyente, perfectamente analizada por el Tribunal Superior de Justicia, como órgano de apelación. Se recuerda la jurisprudencia sobre la declaración de la víctima y su aptitud para poder actuar como prueba de cargo. Se alega también infracción de ley. Concepto de intimidación en la agresión sexual. Es de naturaleza psíquica y requiere el empleo de cualquier fuerza de coacción, amenaza o amedrentamiento con un mal racional y fundado, y debe ser seria, previa, inmediata, grave y determinante del consentimiento forzado. Rebaja punitiva como consecuencia de la entrada en vigor de la LO 10/2022. Aplicación de la ley más favorable.
Resumen: Confirma la condena por delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. Se impugna la sentencia alegando la inexistencia de violencia o intimidación, estando la orden, enfado, castigo y amenaza con contarle a su madre que la hija veía pornografía subsumidos en la situación de prevalimiento. Sin embargo, la violencia o intimidación empleada en el delito de agresión sexual no ha de ser irresistible, invencible o de gravedad inusitada, bastando que sea suficiente y eficaz en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima y existiendo relación causal entre la intimidación y el resultado. Para ello no basta examinar las características de la conducta del acusado, sino que es necesario relacionarlas con las circunstancias de todo tipo que rodean su acción para determinar la posible existencia de una violencia emocional o de una violencia ambiental. Se aprecia la agravante específica de prevalimiento, supuesto de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en la que una está en manifiesta inferioridad que restringe su capacidad de decidir libremente (consentimiento viciado), y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad (laboral, docente, familiar, económica, etc.), considerado situación de prevalimiento la originada por ser padrastro de hecho de la menor, como compañero de la madre. Se impone la pena en base a la gravedad del hecho y las circunstancias del culpable.
Resumen: Poniendo en relación la disposición transitoria 5ª CP y la reforma operada por la LO 10/2022, la disposición no puede ser concebida como una norma de derecho intertemporal, con vocación de inderogable vigencia, para resolver los problemas suscitados a raíz de todas y cada una de las reformas abordadas a lo largo del tiempo por el legislador. Es imposible aplicar analógicamente una disposición in malam partem que no se promulgó para la situación abordada: en este caso una reforma penal efectuada en 2022, en una ley que solo contiene una disposición transitoria que para nada afecta a su contenido penal. Las disposiciones que condujeron el tránsito de la normativa pre-vigente al Código Penal aprobado en el año 1995, disciplinando los casos, modos y formas en que la regulación de este último podría considerarse o no favorable con relación a los sucesos acaecidos con anterioridad, hubieran sido éstos enjuiciados o no, no resultan aplicables aquí.
Resumen: La denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto de que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. No es aplicable la LO 10/2022, por ser menos favorable.
Resumen: valoración de la declaración de la víctima y de las corroboraciones periféricas que se han obtenido. Calificación jurídica como un delito de agresión sexual con violencia, pero sin penetración al no considerarse acreditado la penetración digital. Especial vulnerabilidad de la víctima que en este caso se detrae, no solo de la enfermedad psíquica que la misma parecía, sino también, de otra enfermedad de carácter físico y de la diferencia de edad y situación en que se encontraba la víctima en relación y con el agresor. La pena se impone conforme a la establecida para este delito y con esta grabación específica en la Ley Orgánica 10 barra 2022 al establecer un marco penológico más beneficioso que el que estaba vigente en el momento de comisión de los hechos. Pena de prohibición de acercamiento y comunicación y de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo o profesión que tenga relación con menores de edad. Medida de libertad vigilada. Determinación de la cuantía de la responsabilidad civil por daño moral.
Resumen: La sentencia de instancia condenó al acusado como autor de los delitos continuados de abuso sexual y de agresión sexual sobre menor de dieciséis años imputados. Recurrió la defensa, alegando error en la apreciación de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia. La sala desestima el recurso. Destaca que al tribunal de segunda instancia le corresponde determinar si existe prueba de cargo regularmente obtenida, con virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia y si se cumplió con la debida motivación. Añade la sala que, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, el testimonio de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, aun siendo la única prueba. En este caso, analizada la prueba, particularmente el testimonio de las denunciantes, se concluye la ausencia de razones de incredibilidad subjetiva en las mismas, la verosimilitud del testimonio, existiendo corroboraciones de carácter objetivo que lo avalan y persistencia en la incriminación. La Sala analiza la argumentación del recurso en relación con el resultado de la prueba practicada y concluye que la valoración razonada del conjunto probatorio permitía afirmar con rotundidad la realidad y plena probanza de los hechos que conforman el relato fáctico de la sentencia apelada. Por ello, y sin que las declaraciones del acusado hayan desvirtuado la prueba de cargo practicada, se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia.
Resumen: CUESTIONES PREVIAS: petición de nulidad de las testificales prestadas por la víctima y otra menor en la instrucción por no estar presente la letrada de la defensa. Citación para la diligencia. La declaración de ambas en juicio suple cualquier defecto previo, al excluir la condición de prueba preconstituida a esas declaraciones. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRUEBA DE CARGO: requisitos de la prueba de cargo. Eficacia incriminatoria de la declaración de la víctima. Elementos periféricos que corroboran esta declaración.
Resumen: El recurrente no solo supo la edad de la menor, sino que dispuso de numerosos indicadores que la obligaban a dudar de que pudiera ser mayor de 16 años. La norma derogada solo pervive si, por un lado, la nueva norma no ha reducido su espacio de prohibición o estrechado sus condiciones aplicativas y, por otro, su aplicación al hecho cometido bajo su vigencia resulta más favorable para la persona acusada. En el caso, es evidente que cabe trazar una sustancial continuidad de ilícitos entre el delito del artículo 183.1 y 3. CP (texto de 2015), objeto de condena, y el actual artículo 181.1.3, inciso primero, CP (texto de 2022). Continuidad que obliga, para activar la cláusula de aplicación retroactiva de la ley favorable del artículo 2.2 CP, determinar, primero, si la nueva norma previene un marco de pena imponible más benigno y, segundo, si la pena puntual que resulte del proceso de individualización también resulta más favorable. Y, en el caso, se dan ambas condiciones. La ley Orgánica 10/22 redujo el reproche mínimo de la conducta de ocho a seis años de prisión, lo que comporta, a su vez, la rebaja del umbral de la mitad superior -procedente, en el caso, por la continuidad delictiva- que pasa de diez años y un día a nueve años y un día de prisión. El tribunal provincial fijó la pena en el límite mínimo imponible. Procede dictar segunda sentencia, fijando la pena de nueve años y un día de prisión y la accesoria de inhabilitación del artículo 192.3 CP por quince años.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de un delito de agresión sexual con acceso carnal, de un delito contra la intimidad personal, por un delito de robo con violencia e intimidación y por un delito leve de lesiones. Acusado que somete a otro contra su voluntad y con la intimidación de un cúter a diversas prácticas sexuales que incluyen el acceso anal, al tiempo que registraba varias escenas en un móvil, haciendo suyos un móvil, dinero y las tarjetas de la víctima, a quien causó diversas lesiones. Presunción de inocencia y prueba de cargo. Testimonio de la víctima como prueba directa suficiente para neutralizar la presunción de inocencia. Elementos externos de corroboración del relato de la víctima. Delito contra la intimidad personal. Grabación en el teléfono móvil de diversas escenas de contenido sexual sin el consentimiento de la víctima. Utilización de artificios técnicos para la captación o grabación de imágenes con el ánimo de vulnerar la intimidad de la víctima. Aplicación del subtipo agravado por afectar las imágenes a aspectos personales de la vida sexual. Empleo de violencia e intimidación en la acción sexual y en la acción depredatoria.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL INTENTADA Y LESIONES: espera en el portal a su vecina de diez años y con una discapacidad del 34 %, la arrastra hasta yba zona oculta y la golpea al resistirse. PRUEBA DE CARGO: validez y suficiencia de la declaración de la víctima. Testificales que la complementan. El acusado no demostró con prueba alguna que estaba fuera de la ciudad pese a mencionar el lugar concreto; fue reconocido en la instrucción y en el juicio. DOLO Y VIOLENCIA EN LA AGRESIÓN SEXUAL: el bien jurídico es la integridad sexual, y el dolo es el de atentar contra ella con la realización de actos de contenido sexual. El desarrollo del relato de hechos, que describe la maniobra del acusado y el gradual incremento de la intensidad de la coacción empleada, llegando al uso de la fuerza física, excluye cualquier otra conclusión. La violencia tiene que ser idónea, esto es, suficiente para conseguir el fin buscado, tanto por su entidad como por las circunstancias personales de la víctima. NATURALEZA DE LAS LESIONES: delito leve, al tratarse de una bofetada que precisó de una única asistencia médica para curar. RESPONSABILIDAD CIVIL: daño moral. Cuantificación de conceptos indemnizatorios heterogéneos.
